domingo, 28 de septiembre de 2014

Del valor de la seguridad social




José Manuel Gómez Porchini / México debe salir adelante              

Todo empezó con la charla entre amigos. Estábamos tratando de encontrar el fondo, la raíz del problema de México claro, más de dos mexicanos juntos siempre buscan la causa de todos los males cuando las voces fueron culpando al gobierno, a la sociedad civil, a los trabajadores, a los sindicatos, a los patrones, a cada uno de los grupos organizados de la sociedad y por último, no faltó el que culpara al destino. Ahí, entre todas voces, fuimos encontrando que si el niño está de cerillo en la tienda enorme, es porque su padre no tiene un buen empleo. Que sí el maestro no puede con lo que se le encarga, es porque no existe control en lo que el patrón pide. Que el político roba para garantizar su futuro. Y así, hasta que empezamos a hablar del tema que con usted he comentado y que más me apasiona: la seguridad social.

¿Cuánto vale la seguridad social? ¿Cuál es el precio justo que se debe pagar por ella? ¿Por qué el patrón no quiere cumplir y por qué el empleado la busca con denuedo? ¿Qué es y para qué sirve la seguridad social? Fueron algunas de las preguntas en la mesa. Y empecé a contestarlas, tal como lo he platicado con usted.

Son cosas muy distintas el valor y el precio de la seguridad social. Para el obrero que pierde íntegra su capacidad de ganancia, para el padre de familia que muere y deja una esposa e hijos, saber que tiene como respaldo a una institución que lo va a proteger, es una seguridad personal que no tiene precio, así sea que la pensión resulte raquítica o que los servicios no sean tan buenos como uno quisiera. Esos ya son problemas nimios que se pueden resolver.

Lo cierto es que tener la seguridad de que la familia estará protegida por una institución, le brinda al empleado la tranquilidad de poder hacer la vida y de buscar cómo hacer más.

Lo malo es que todo cuesta y esa seguridad, esa protección no habían de ser la excepción. Un empleado que ingresa a laborar y cotiza, digamos, veinte años, de pronto pierde su capacidad de ganancia, que es el bien jurídico a tutelar y entonces, requiere el seguro que está contratado para resarcir esa pérdida: el seguro social o más bien, la seguridad social en alguno de sus exponentes.

Y claro, como en todo juego económico, quien más paga más recibe. Y así, si el empleado estuvo inscrito con altos salarios, su pensión será con esa largueza. Por el contrario, si el patrón lo inscribió con el mínimo, la pensión será en proporción, es decir, respetando el porcentaje que del salario le corresponde y cuando apenas es el mínimo, queda muy lejos de representar un salario decente, como pide la Organización Internacional del Trabajo, mejor conocida como O.I.T.

Pero no solo el obrero que está en la escala más baja de los salarios es el que recibe la peor pensión. Eso también le sucede al obrero que, habiendo percibido un buen salario, mucho más allá del salario mínimo, labora para un patrón que no quiso pagar más de seguro social y por lo tanto, lo inscribe con el mínimo, a sabiendas que el día que quede incapacitado por riesgo profesional o que alcance el derecho a una pensión, lo hará con una ínfima parte de lo que debería corresponderle. Es un descarado fraude a la seguridad social pero en México, el seguro social, las autoridades del trabajo, los patrones y los sindicatos, lo conocen a la perfección y lo admiten sin reticencia.

Por otra parte, si usted es un patrón, que tiene a tres, cinco o más trabajadores y trata de ser honesto y cumplir como debe de ser, va a reportarle al seguro social los salarios reales de sus trabajadores. Ahí van a aparecer varios problemas: 1.- No son deducibles de impuestos, especialmente I.V.A.; 2.- Se ubica en una tasa muy alta; 3.- El costo por trabajador es altísimo.

Soluciones: buscar una outsourcing que absorba el costo de los empleados, claro, ese ente los inscribe sin piedad en el tabulador más bajo− o pagar seguridad social al menor costo y por tanto, a precios no reales.

El problema que ha quedado resuelto desde el punto de vista económico, sin embargo tiene aún varios problemas. Legalmente cualquier abogado puede acreditar el salario real y entonces, habrá problemas para el patrón. Ahí está una falla. El empleado que se sabe dependiente de una outsourcing sabe que lo están explotando y no le es leal ni a la cosa esa ni a la empresa en la que presta sus servicios. Empero, la Corte ya ha resuelto el sentido de que el patrón que recibe los servicios del obrero será el que pague las responsabilidades, no el que lo tiene contratado. Eso al parecer no lo han visto ni algunos patrones ni muchos contadores y abogados que siguen recomendando contratar outsourcing. Por mí, desde el punto de vista que me representan clientes a los que les ganamos siempre, está bien, pero en plano general, desde la óptica del México que buscamos, eso está mal.

Pero además, desde el punto de vista ético, moral, de valores, que no forzosamente han de ser religiosos, pero que en todo caso estos aplican a la perfección, siguiendo al Papa León XIII con su encíclica Rerum Novarum, la situación en México está mal. En efecto, buscar la forma de pagar poco o de no pagar la seguridad social es ajeno a un recto proceder y por lo tanto, contrario a la moral, a la decencia, a las buenas costumbres, a la ética y a los valores. 

Pero es demasiado caro lo que se paga al Instituto Mexicano del Seguro Social y muy poco lo que de él se recibe, en términos absolutos. Entonces, ¿qué se debe hacer? ¿Cómo podemos bajar el costo de la seguridad social de tal manera que sea accesible pero que brinde la real protección que se busca?

Esa es nuestra propuesta. Esa es la opción que desde hace tiempo venimos haciendo valer y que ahora está en sus manos.

La seguridad social es tan importante y de tan gran valor para la sociedad toda, que descansar su costo en solo un sector, por importante que sea éste, es un error. Y así ha sido desde siempre: la seguridad social la cubre el sector productivo: empleadores y empleados, amén del gobierno, pero cubre a un muy amplio sector de la sociedad.

En números, tenemos que el más reciente reporte del IMSS indica que ya son 18 millones de asegurados y que cubre a casi sesenta millones de mexicanos. Paga la tercera parte de los que reciben beneficios. Así, nunca le va a alcanzar al IMSS.

Pero además, tenemos que somos casi 120 millones de mexicanos, es decir, de alguna manera la mitad no está protegida con el seguro que representa la seguridad social. Ese es otro de nuestros grandes problemas.

La propuesta que presentamos es que cada mexicano sea titular por sí y ante sí de su propio sistema de seguridad social, que existan una cuenta por cada persona, de manera que todos y cada uno seamos beneficiarios de la seguridad social, es decir, del derecho a servicio médico y pensión, por el solo hecho de ser mexicanos. Para ello, el gobierno será responsable de entregar a cada uno una tarjeta “Cliente Frecuente” que cuando se realice una operación de compra, que esté gravada con I.V.A., el equivalente a tres puntos del I.V.A. sea para el titular de la tarjeta y lo demás, para el gobierno. Así, tendremos 120 millones de inspectores fiscales revisando que las operaciones queden registradas y también, que van a buscar siempre las empresas que ofrezcan la seguridad y la garantía de estar dados de alta ante la Secretaría de Hacienda.

Por cada punto de I.V.A. que se obtenga en favor de las personas, serán aproximadamente cien mil millones de pesos que estarán en favor de brindar seguridad social. Es dinero suficiente para otorgar las pensiones que faltan y más aún, para garantizar las de aquellos que ya tienen los requisitos pero carecen de fondos.

Lo invito a que analice la propuesta de seguridad social que pongo en sus manos y si le es posible, a que la comparta. Algún día llegará a quien tenga la voz suficiente para hacerla valer en nuestro México y entonces, podremos cambiar el derrotero que se ve en lontananza.

Me gustaría conocer su opinión.

Vale la pena.


domingo, 3 de agosto de 2014

De los fondos de pensiones



José Manuel Gómez Porchini / México debe salir adelante      
 
En México, no sé si por fortuna o por desgracia, coexisten muchos sistemas de pensiones y algunas veces, ni los encargados de manejarlos están enterados de su existencia. Lo digo con conocimiento de causa, pues hace algunos ayeres, por escrito me contestó el Director de Políticas Públicas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que en México, el ente encargado de proporcionar seguridad social es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahí terminó nuestro encuentro epistolar, pues… ¿Qué puede esperarse de quien maneja las finanzas del país, si desconoce la existencia de los demás sistemas de pensiones?

Ahora sí, a usted mi querido lector, que sé está preocupado y además, se ocupa de los problemas de México, le comento que en nuestro México, en adición a las pensiones que maneja el Instituto Mexicano del Seguro Social, ya por sí o por conducto de Afores, existen un gran número de sistemas de pensiones que han presentado sus propios problemas.

Por supuesto, ninguno de los demás sistemas de pensiones tiene el tamaño y la magnitud del IMSS, pues por mucho, éste es el líder del ramo en el país.

Sin embargo, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, representa la seguridad social de los empleados del gobierno federal y por su tamaño, es el segundo en el país. Deben tomarse en consideración también, los sistemas de seguridad social de cada uno de los estados de la república, así como los de las más de 35 universidades públicas que por sí y ante sí proporcionan la seguridad social.

Hasta ahí, hemos contado ya 32 sistemas estatales más 35 sistemas de universidades públicas. Son 67 sistemas distintos, todos de carácter público y todos con distintos requisitos.

Cabe señalar que la inmensa mayoría de las universidades públicas han dejado de contratar nuevos empleados de planta por el temor de que vayan generando derechos, entre ellos, el de antigüedad que les resulte suficiente para alcanzar una pensión. En lugar de otorgarles contratos como trabajadores, las universidades, esos centros donde se cultiva la inteligencia y el pensamiento para generar conocimiento, han venido contratando a sus nuevos trabajadores por honorarios, bajo el humillante e ilegal sistema de outsourcing o simplemente, mediante pagos en efectivo sin contrato alguno, para así “no dejar evidencias”. Que conste, así lo he visto y me da pena ajena.

Pero también están los sistemas de pensiones de los ayuntamientos, cuando menos, de los más grandes e importantes del país que, en su arrogancia, han considerado que son suficientes para otorgar sus propios sistemas de seguridad social.

Faltan de incluirse también, los sistemas de pensiones que los organismos públicos descentralizados tienen pactados en sus contratos colectivos de trabajo: Los propios empleados del Seguro Social, los de Comisión Federal de Electricidad, los de Petróleos Mexicanos y algunos más.

La suma de todos los sistemas descritos nos lleva a un total de más de cien sistemas distintos, todos con base en contratos colectivos o en reglamentos de trabajo, pues debemos recordar que las pensiones no aparecen en ley alguna.

En la constitución está lo relativo a las pensiones del ISSSTE, pero no de ninguno de los demás sistemas.

En la Ley Federal del Trabajo, tampoco se hace referencia a pensiones.

Podemos encontrarlas en la Ley del Seguro Social y en los diversos estatutos de los estados, así como en contratos colectivos y reglamentos interiores de trabajo.

Ahora debo llevar su atención a un hecho cierto: en todos los casos, el principal requisito es que exista una relación laboral formal entre el empleado y una empresa u organismo, que lo da de alta ante uno de los múltiples sistemas de seguridad social que coexisten en el país, por cierto, tratándose como extraños. Lo único que existe como constante, es que todos son como deben ser los sistemas de pensiones: soportados por impuestos.

En efecto, la seguridad social es una función que compete al estado, nunca a particulares y por lo tanto, la fuente de ingreso de los sistemas de pensiones ha de ser impuestos. Por eso, solamente el estado puede instituirlos y solo el estado puede garantizarlos.

Ahora que el Congreso de la Unión ha terminado de revisar las leyes secundarias en materia de hidrocarburos, han determinado que los excedentes sean destinados a soportar la carga de las pensiones de los estados así como han determinado que la totalidad de las pensiones actuales de Pemex y CFE se cubran con impuestos. No podía ser de otra manera, tomando en consideración lo expresado líneas antes.

Los partidos de izquierda ahora se rasgan las vestiduras acusando al gobierno de pagar con impuestos las pensiones de Pemex y CFE. Los de derecha han pegado el grito en el cielo por esa impía acción. Los dos están equivocados. Reitero, es lo correcto.

El problema de las pensiones en México es que solo 14 o tal vez 15 millones de mexicanos aportan a los sistemas de pensiones, además de los patrones y el gobierno y disfrutan de ellas, más de 60 millones. Qué bueno, por los que ya lo hacen. Malo por los que faltan. Peor y dramático para el gobierno, pues con el ingreso de 15 millones ha de pagar el gasto de sesenta millones. Por el lado que le busque, no alcanza. Y sí, que el gobierno soporte las pensiones y los gastos por servicios médicos vía impuestos, es lo sano y es lo correcto.

Lo que aún falta es la otra mitad de mexicanos. Somos 117 o 118 millones de mexicanos y solo tienen acceso, bueno, regular o malo, a sistemas de seguridad social, aproximadamente sesenta millones de mexicanos, según la cuenta que hace unos momentos hiciéramos. Pero nos falta la mitad de los mexicanos y entre ellos, los más lastimados, los que carecen de todo, hasta de papeles de identidad para poder pedir apoyos. Ellos no existen ni para el gobierno ni para la iniciativa privada. Simplemente, no existen.

Lo que se propone es que a cada mexicano nos sea otorgada una tarjeta tipo “cliente frecuente” de manera que cada vez que compre usted algo, lo que sea, que tenga IVA, el equivalente al 3 por ciento de la operación se vaya a una cuenta de ahorros de cada uno de los mexicanos, del titular de la tarjeta para que desde ahí, se soporte el pago de pensiones y además, se garantice la seguridad social de la totalidad de los mexicanos.

Alcanzaría el dinero para pagar todas las pensiones, para el servicio médico de todos los mexicanos y además, se prevendría la evasión y la elusión fiscal. Existiría una mucha mayor recaudación por concepto de IVA y el gobierno tendría 117 o 118 millones de inspectores fiscales.

Ya está planteado, ya está estructurado. Falta una voz que lo haga saber y esa voz, podría ser la suya. Por favor, ayúdeme a difundir la propuesta. Es por México. Vale la pena.

Me gustaría conocer su opinión.