lunes, 23 de mayo de 2016

Casa del herrero, azadón de palo o cuando la justicia es injusta.

José Manuel Gómez Porchini / México debe salir adelante


Hablar de los yerros de la justicia se me antoja tarea fácil. ¡Hay tanta tela de dónde cortar! Los que ya suman algunos años como quien escribe, han de recordar que en 1988 hubo un golpe de estado a la entonces Suprema Corte de Justicia de la Nación y por tal motivo, se redujo de 21 a 11 el número de ministros de la Corte y se crearon los Tribunales Colegiados. Aumentó en cantidad pero se redujo y sustancialmente la calidad de los impartidores de justicia.

Se crearon así, como de la nada, lo que ahora el poder judicial presume en televisión: que son más de novecientos jueces y magistrados los que se encargan de dar certeza jurídica a los ciudadanos.

Y entonces voltea uno a ver las resoluciones de esos novecientos y también, las de los jueces y magistrados de los poderes judiciales de los estados. Aprende uno que lo más efectivo, además de formular el escrito respectivo, es prenderle una veladora a nuestro santo preferido; ir a bailar a Chalma; probar el conjuro del Chamán o de plano, buscar un poderoso para que sea nuestro padrino.

Y comienzo: presenté una demanda, de esas de jurisdicción voluntaria que en lenguaje común significa que no tengo enemigo al frente y que solo quiero acreditar un hecho. El juez ordena la ratificación de los tres actores que yo llevo y también, de cuatro que se quedaron del acuerdo de donde hicieron copy-paste para dictar mi acuerdo. Es decir, quedaba yo obligado a llevar a ratificar a mi gente, los que me estaban pagando y además, a cuatro personas de las que solo tenía el nombre pero no ningún otro dato. Cuando fui a decirle al secretario, la respuesta fue: ─Así está el acuerdo. Claro, entré a hablar con el juez y se quiso disculpar, alegando que lo hizo un meritorio y como esos no cobran, pues no son responsables. Me pidió que promoviera para eliminarlos del acuerdo y no pasa nada. Y sí pasó. Fueron tres días hábiles perdidos para que me dictaran el acuerdo. Tres días perdidos, cuando tienes los tiempos justos.

En otra ocasión, fui con el actuario a notificar a una empresa. Obvio, el fedatario público hizo todo, yo solo proporcioné los medios de conducción. Hizo la diligencia de la que por supuesto, no me dio copia. Pasaron unos días y vía WhatsApp se dirigió conmigo a preguntarme en qué fecha habíamos notificado. Le dije la fecha y me comentó, todo se quedó grabado en mi celular, que los demandados querían copia de la notificación y que la iba a volver a hacer. Y lo hizo, pero les regaló dos días más. Claro, usted y yo sabemos que ese error fue meramente involuntario.

En otro asunto, el juez antes de radicarlo, ordena se encuentre al demandado y gira oficios de localización. Y comienzan a llegar las respuestas: las de los oficios tradicionales que yo llevé y las de los electrónicos que ellos enviaron. Cuando voy al juzgado a revisar cuántas respuestas hay, me encuentro con que en mi expediente, el que tiene número, nombre de partes, actuaciones, reconocimiento de personalidad pero no está radicado, tiene agregadas las actas de emplazamiento de otros dos expedientes diversos. Claro, al ir a quejarme y pedir que las eliminen pues según yo los abogados de esos asuntos han de estar buscando sus actas, me contestan así, con un dejo de aburrimiento: eso es responsabilidad de los de la unidad de medios de comunicación, no de nosotros. Allá presente su queja.

O cuando la justicia federal determina que las obligaciones entre patrones, como una venta de acciones de empresas o una sustitución patronal, deben ser responsabilidad y carga de la prueba del obrero, cuando toda la jurisprudencia dice lo contrario. Me imagino que como el asunto el juez lo vio sencillo, se lo encargó al meritorio en turno, quien utilizó palabras que ha visto pero que no sabe que significan. Al menos así sentí, pues no encontré ilación entre lo que dijo y lo que quiso decir, entre los considerandos y los resolutivos. Pero bueno, es un juez federal y está investido de todo el saber humano.

Y así podría irme hasta el infinito reseñando yerros judiciales. Si entre los médicos, los errores tienen nombre: iatrogenia, entre los abogados, ¿cómo les debemos decir? No, así no. Es contrario a la moral, a las buenas costumbres y al derecho.

Me gustaría conocer su opinión.

Vale la pena.


domingo, 15 de mayo de 2016

El título profesional y los problemas para conseguirlo.



José Manuel Gómez Porchini / México debe salir adelante


Cuando los jóvenes deciden que sí podrán seguir una carrera profesional y en ese camino enderezan sus pasos, saben que la ruta es difícil, pero también confían en que podrán lograrlo. La estadística es cruel: solo 14 de cada 100 que entran a primaria logran terminar una carrera profesional, según cita La Jornada[1], tomado del estudio Retos educativos de la Secretaría de Educación Pública. 

Sin embargo, según la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES, citada por Excélsior[2], solo cinco de cada diez que ingresaron logran obtener un título profesional. Los otros cinco, o desertaron en el camino o se quedan solo como pasantes, sin conseguir el tan ansiado documento que los acredita como profesionales.

Es decir, siguiendo la lógica de los dos estudios citados, de cada 100 alumnos que ingresan a primaria solo siete obtendrán el tan ansiado título profesional, lo que deja muy mal parado al sistema educativo nacional.

En el análisis que hace ANUIES, toca tanto las instituciones de educación superior, IES, de tipo privado como las públicas, pues es un estudio global del problema. Cierto, las privadas tienen una eficiencia del 60% mientras las públicas de solo el 52%. Es un margen significativo.

Ya con los datos duros expresados, podemos comentar usted y yo, querido lector, el problema que hoy nos ocupa. ¿Cuál es la razón de que los alumnos no logren obtener el título profesional? Y, ¿por qué es más fácil que lo obtengan en una universidad privada que en una pública?

Pensando como usuario de los servicios de la institución educativa, sea privada o pública, el alumno sabe que debe ir venciendo a lo largo del tiempo los escollos que la institución marca para obtener el grado, aclarando que esas trabas son cada una de las materias o créditos que el alumno debe conquistar para llegar a la meta. Es así de fácil: se le dice que cuando tenga un mínimo de veinte o treinta o más materias cursadas, habrá terminado sus estudios. Y uno como alumno así lo sueña y va descontando cada una de las materias que han quedado superadas. Por eso, cuando de pronto la institución indica: ahora deberás presentar un examen de egreso, de la suma de la totalidad de las materias, para ver si eres candidato a obtener el grado, el alumno se desanima, pierde el interés cuando está a escasos pasos de obtener el triunfo.

Luego, cuando ha podido con el reto de cubrir la currícula completa y además, ha presentado un diverso examen de egreso, de pronto la institución le indica que el costo para el trámite del título es de diez o quince o veinte mil pesos adicionales a lo que ha pagado y entonces ahí es cuando se acaba el sueño. El estudiante promedio en México carece de bienes de fortuna para cubrir ese gasto.

Además, de pronto la universidad le requiere la elaboración de una tesis, es decir, de un trabajo de investigación en el que el estudiante deberá analizar un problema y proponer una solución. A pesar de que está a punto de optar por un grado universitario, lo cierto es que nuestras universidades han venido entregando a la sociedad un producto final o estudiante, que carece de las habilidades necesarias para realizar una investigación científica, que desconoce la metodología por completo y también, que el uso de las tecnologías de la información, a pesar de que forman parte de lo que se conoce como “nativos digitales” desconocen el uso de algunas de las funciones de la computadora, entre ellas, las formas de citar. Es una realidad que vivo en el día a día en diversas universidades y con distintos tipos de alumnos.

¿Qué se puede hacer? Primero y de manera urgente, aumentar el vocabulario del estudiante mediante la lectura. Solo leyendo podrá tener acceso a sinónimos, a figuras literarias, a manejo del lenguaje. Segundo: Fomentar la investigación científica, la que cumple con los rigores metodológicos, para que el estudiante egrese realmente capacitado para justificar que es un profesional en un área del saber humano; y, Tercero: Eliminar los costos de los títulos. Que las IES consideren, entre sus costos de matrícula y colegiaturas, el monto del título, prorrateado, de manera que al cubrir la carga académica, el alumno obtenga, sin costo adicional, el preciado título. La institución tuvo tiempo para cobrarlo a lo largo de los estudios del alumno.

Me gustaría conocer su opinión.

Vale la pena.




domingo, 8 de mayo de 2016

Una práctica fiscal indebida y otros pequeños problemas de México.



José Manuel Gómez Porchini / México debe salir adelante


El pasado 12 de enero de 2016, en el Diario Oficial de la Federación se publicó, entre otros, el Anexo 3 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2016[1].

Ahí se establece el Criterio 1/CFF/NV que en la parte que nos interesa establece:

“se considera que realiza una práctica fiscal indebida el contribuyente que, a través de sus establecimientos, sucursales, puntos de venta o páginas electrónicas, en vez de cumplir con remitir el comprobante fiscal al SAT o al proveedor de certificación de comprobantes fiscales digitales por Internet para su debida certificación, previamente a su expedición hacia el cliente, solo ponga a disposición del cliente una página electrónica o un medio por el cual invita al mismo cliente para que este por su cuenta proporcione sus datos para poder obtener el comprobante fiscal y no permitir en el mismo acto y lugar que el receptor proporcione sus datos para la generación de dicho comprobante en el propio establecimiento.”

Lo anterior significa que cuando usted acude a un establecimiento, el que sea, del tipo o modalidad que sea, la empresa está obligada a expedir el comprobante fiscal y no solamente a proporcionar los medios para que uno vaya a su casa a hacer el trámite de obtener la factura. Es decir, no se le puede trasladar al comprador la obligación de realizar el trámite de timbrado fiscal e impresión del comprobante, cuando esa es una obligación a cargo de la empresa o establecimiento. No entenderlo así implica incurrir en una “práctica fiscal indebida” y tendrá las consecuencias que la ley impone al transgresor.

Sin embargo, no termina ahí la práctica fiscal indebida. Desde el momento en que la empresa evade su obligación de expedir el comprobante fiscal, es decir, de emitir la factura, está pensando en que así evita el costo de la impresión de dicho comprobante y si son muchas las facturas de un día, imagine usted lo que puede ahorrar en papel, tinta y personal encargado de hacer las facturas. Claro, se ahorra sueldos, se ahorra una plaza de trabajo y se ahorra las obligaciones de un trabajador. Gana a cambio el desprecio del cliente, que como yo, no pienso regresar a la empresa donde se niegan a expedir factura, se gana también que uno piense mal, pues al no hacerlo, uno piensa que esa empresa no reporta ingresos y en consecuencia, no paga impuestos, como también puede uno pensar que no paga trabajadores para no pagar seguridad social y así, se va armando la cadenita de yerros, de pequeños problemas que son los que tienen a México en el lamentable estado en que se encuentra.

Antes, el patrón era el dueño de las herramientas de trabajo y el obrero aportaba su fuerza y a cambio, recibía un salario. Ahora, el patrón elude su obligación y al trabajador se le carga el aportar la herramienta de trabajo, que va desde acudir con su equipo de cómputo a la empresa para desde ahí trabajar, hasta utilizar su vehículo en las labores de la empresa. A veces, el patrón paga la gasolina, pero no el mantenimiento y muchas veces, la inmensa mayoría, el patrón no reconoce gasto alguno en favor del obrero.

También, el obrero debe aportar su propio teléfono celular para estar disponible a las órdenes del patrón. ¡Y pobre del obrero que no proporcione los datos de su celular a la empresa! Incluso puede llegar a ser despedido, claro, sin causa ni razón alguna, pero así están las políticas actuales.

Antes, el patrón le proporcionaba a usted su recibo de salario. Ahora le dicen que usted entre a la página de la empresa a descargarlo. El principio es exactamente el mismo: se ahorran papel, tinta y empleado a cargo de la impresión. Usted diga qué se gana la empresa.

Lo que nos corresponde como ciudadanos es denunciar lo que está mal y no apoyar prácticas corruptas. Vamos a unirnos para decir, para hacer saber, para denunciar lo que está mal, hasta que al corrupto le de vergüenza o hasta que alguien cumpla su obligación y se haga justicia.

Me gustaría conocer su opinión.

Vale la pena.