domingo, 19 de mayo de 2013

Día del Maestro 2013 o ¿habrá algo que festejar?




José Manuel Gómez Porchini / México debe salir adelante      

En México quienes buscan ser maestros siguen uno de dos caminos: o estudian una profesión y luego, arriban al magisterio a cumplir su vocación o en busca de un salario o bien, estudian para maestros en instituciones oficiales, con criterios oficiales y cubriendo todos y cada uno de los requisitos que el propio gobierno marca. En el caso de quienes primero tienen un oficio diverso, impartir clases puede ser un complemento, satisfacer su verdadera vocación o también, una fuente de ingresos adicional. Claro, como existen escuelas y colegios de nivel desde preescolar hasta posgrado, ahí puede llegar el profesionista que solamente busca un salario, sin vocación docente y generalmente, dañando a los alumnos.

Los que hoy nos interesan son los maestros que estudian en una escuela oficial, en una normal que depende del estado y de la que se obtiene un título avalado por el propio gobierno; son en teoría, el producto que se arroja al mercado, el egresado de la normal, el que cuenta con todos y cada uno de los requisitos que exige el mismo gobierno. Sin embargo, muchas veces el ser y el deber ser se apartan y así, a pesar de contar con un título de maestro, de nivel licenciatura o posgrado, en realidad la calidad de la institución ha mermado y el producto, el egresado, no reúne realmente los requisitos exigidos.

En realidad, el producto egresado de las instituciones oficiales, con el nombre que usted quiera asignarle, es el maestro que ocupa una plaza oficial y que es forzado a pertenecer al sindicato oficial de maestros en México. Me refiero al maestro de preescolar, de primaria, de secundaria, el maestro que percibe un cheque antes federal, ahora estatal o sin identificación y que ingresó a estudiar una carrera en una institución oficial, con requisitos oficiales y cubriendo lo que le imponían. Al terminar, de pronto sabe y está consciente que puede ser enviado, al asignársele una plaza federal, a una ranchería en cualquier parte del país, a menos que tenga amigos o formas que permitan que su plaza, esté en la escuela que le queda a dos cuadras de su casa. De todo hay en la viña del Señor.

Y así fue muchos años, con un líder sindical, con otro y cambiando presidentes y secretarios del ramo. De pronto, ahora todo cambia en verdad pues ya no es estar bien con un alto funcionario, tener un pariente en el sindicato o ser amigo del Director. No. De pronto, la maestra que tiene más de cincuenta años de edad se entera que a pesar de que ya tiene más de veinte o veinticinco años de servicios, ahora le faltan quince para jubilarse y no los tres o cinco que estimaba.

Ahora, la realidad es que los maestros ya no son empleados del gobierno federal, ya no cuentan con la seguridad social, precaria y todo, pero segura, que otorgaba el ISSSTE, pues de pronto se entera que labora para una outsourcing que no le permite generar antigüedad, ni salario decente, ni vacaciones, ni las demás prestaciones que día a día en radio y televisión el gobierno y sus testaferros insisten en que son derechos de los trabajadores. La realidad, es que pobre de aquél que cometa la insensatez de creer que tendría derechos… pobre iluso. El único derecho que tiene es agarrar sus bártulos y dirigirse a su domicilio a pensar, en silencio, cuál fue su error. Y no, el maestro no se equivocó. El error es del sistema que mutó unas condiciones formalmente pactadas con un sindicato vigoroso, independiente y fuerte, a otras pactadas con quien comía de la mano que le daba migajas, aceptando perder todas las conquistas que como trabajador habían costado tantas vidas.

Ahora, ya con gobiernos que alientan la libre empresa, entendiendo por tal la posibilidad de despedir a los trabajadores sin responsabilidad ninguna para el patrón, de pronto se dan cuenta que están en el paraíso de los patrones, que el obrero no disfruta de derecho alguno y así, no importa que hagan huelgas y sainetes de esos que acostumbran los revoltosos. La ley ya permite la renta de mano de obra sin recato alguno, por lo que ya no existe impedimento.

Piénselo. Ojalá usted sea funcionario público y pueda analizar lo que digo. Nuestros maestros merecen motivos para festejar. No se los estamos dando. Y, bien visto todo el asunto, es criminal lo que está sucediendo. No lo merece México, no lo merecen nuestros hijos. 

Vale la pena. Me gustaría conocer su opinión.



domingo, 5 de mayo de 2013

El traje nuevo del emperador o los juicios orales.





José Manuel Gómez Porchini / México debe salir adelante              

México, el Señor de los Tratados, el país que trata de imitar todo lo que hacen allende nuestras fronteras pero que había respetado la tradición jurídica romanística en que nos hemos desenvuelto, ahora ha enviado a algunos de sus hijos a estudiar al extranjero, específicamente a los países donde existe la Familia Jurídica del Common Law, que se distingue por la oralidad y la falta de codificación suficiente, contrario a lo que en Roma se dio y que ha sido el origen de las formas jurídicas en casi toda Europa, excepción hecha de los países de la Comunidad Británica de Naciones.

         México, nuestra patria, ha usado y privilegiado la forma escrita y la verdad, lo que ha fallado ha sido quien aplique la ley, no la ley en sí misma y, en mi opinión, seguirá fallando el impartidor de justicia mientras sigan existiendo en los juzgados las jornadas extenuantes de más de catorce horas de labores, en tanto se siga permitiendo la existencia de “meritorios” que laboran por años, sin percibir sueldo, a cambio de la promesa de una plaza que nunca ven llegar. Mientras el funcionario judicial deba completar el gasto de su casa con las “extras” que obtenga de los abogados y litigantes, pues de no cooperar con ellos no avanzan los juicios, no podrá haber justicia pronta y expedita.

         No puede ser válido que en aras de buscar una nueva forma de administrar justicia, se permita que sean pisoteados los derechos de los trabajadores de los tribunales, sean de carácter federal o estatal, sean del poder judicial o de los tribunales administrativos que imparten justicia en forma de juicio, sin ser precisamente juzgadores profesionales.

         No es válido que tampoco, que a fin de estar a la par con los países con los que ahora tenemos tratos comerciales, México se vea forzado a cambiar toda su legislación y pretenda introducir, mal traducida y peor aplicada, una forma de impartir justicia ajena a nuestras raíces y formas, una forma que se aparta de lo que se sabe y lo que se ha probado por muchos años funciona.

         Ya he tenido oportunidad de manejar juicios orales. Los laborales, los agrarios y algunos otros, son eminentemente orales. Sin embargo, el juicio de garantías, ahora de defensa de los derechos humanos, siempre ha estado y espero siga estando presente para detener los abusos y yerros de la autoridad. Es decir, por más oral que sea un procedimiento, mediante un juicio de amparo se va a detener para resolver los errores de la autoridad.

         Vienen los juicios orales en las diferentes materias. Me he preguntado si los abogados y litigantes conocen de oratoria, si están preparados para contestar al vuelo un cuestionamiento que los puede dejar sin defensa en juicio, así como aparece en las películas americanas.

         El hecho de que algunos expertos en derecho, que han conocido el sistema americano de litigar, pretendan hacer que todo el país mute sus formas a unas que no podrán cambiarse de tajo, como pretenden hacerlo, habrá de crear una gran confusión en el área legal.

         Claro, quienes se dedican a escribir de derecho, han encontrado un gran filón en pretender demostrar todas las virtudes del nuevo sistema, así como los cortesanos alababan el traje nuevo del emperador, hasta que el inocente niño descubrió la desnudez del personaje.

         Así habrá de quedar al desnudo nuestra forma de administrar justicia, cuando nos topemos con la increíble realidad de que nuestros abogados no saben hablar en público, que no conocen las técnicas del nuevo litigio y que las universidades, esas que preparan “el producto” que requieren las empresas, no tuvieron la precaución, hace años, de cambiar su forma de impartir las clases.

         Ahora, cuando ya es un hecho y una realidad lacerante, de pronto todos queremos aprender litigio oral. Lástima que no existen maestros preparados en el país para enseñarnos a todos. El tiempo siempre se ha vengado de las cosas que se hacen sin su participación.

Vale la pena. Me gustaría conocer su opinión.

domingo, 21 de abril de 2013

La primera semana de la seguridad social en México abril de 2013.





José Manuel Gómez Porchini / México debe salir adelante              

El Presidente de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados en México, el legislador por el Partido de la Revolución Democrática, Javier Salinas Narváez, en declaraciones que aparecen en la página de internet de Noticias Primero, http://noticiasprimero.com/2013/04/06/debe-elevarse-seguridad-social-a-rango-constitucional-diputado/  indica que no debe dejarse a un criterio político temporal los beneficios de los trabajadores.

Más adelante, en el curso de sus declaraciones, indica que la seguridad social debe considerarse como un derecho constitucional para todas y todos los mexicanos, tal como la educación y la salud, que debe plasmarse en la Constitución.

Concluye la nota cuando indica que el seguro social: “combatiendo la corrupción en sus distintas delegaciones se podrán dar resultados óptimos para los trabajadores, a fin de que funcionen bien los servicios”.

De lo transcrito, de las citas y del encabezado de la nota, aparece que habrá de celebrarse la semana de la seguridad social en México del 22 al 26 de abril de 2013, que se debe ampliar la cobertura y protección de la seguridad social a la totalidad de la población y también, que cuidando al IMSS se podrán dar resultados óptimos para los trabajadores.

De todo lo anterior se desprende que el legislador sigue considerando a la seguridad social como un derecho y un beneficio para los trabajadores, es decir, solamente para quienes disfruten de una relación laboral formal y, en consecuencia, se continúa excluyendo a quienes laboran por su cuenta, a quienes a pesar de pagar impuesto sobre la renta y participar en la sociedad, carecen de una relación laboral formal y también, de un patrón establecido que los inscriba en un sistema de seguridad social, como puede ser el IMSS, el ISSSTE, Fuerzas Armadas, CFE, Universidades Públicas, Gobiernos Estatales y muchos más que por su cuenta y riesgo, de manera ajena al IMSS brindan el servicio de la seguridad social.

Hoy quiero que usted, mi querido lector, traiga a su memoria que desde 2004 presenté el libro “El Derecho al Ahorro y a la Seguridad Social como Garantías Individuales”, trabajo de investigación en el que planteo la forma de lograr brindar la seguridad social a la totalidad de la población y más aún, la forma de lograr recaudar los fondos, de manera que todos y cada uno seamos propietarios, a título de dueño, de nuestro propio sistema de seguridad social. No se requiere un patrón establecido ni tampoco, tener una relación laboral formal para poder aportar al sistema de pensiones que propongo.

Lo que se requiere, es hacer un agregado al artículo 4º. Constitucional que permita recaudar, mediante el mecanismo propuesto, el equivalente a tres puntos de IVA que se originen a favor de cada uno de los mexicanos que utilicen una tarjeta electrónica tipo “cliente frecuente” que nos convertiría, a todos los mexicanos, en clientes frecuentes de Hacienda y no, en causantes cautivos.

Un trabajador con relación laboral formal que percibe de ingresos cien pesos, que es un poco más de un salario mínimo, contribuye a su cuenta de pensión con dos pesos. En cada operación que usted, como titular de su sistema de seguridad social realice con su tarjeta para pensión, podrá abonar el equivalente a tres pesos, lo que es un 50% más de lo que aporta el trabajador.

Dado que no solamente las personas físicas adquieren productos y servicios gravados con IVA, se propone que cuando sea una persona moral de derecho privado, una empresa, la que lo haga, los tres puntos se vayan a una cuenta de la empresa que le serviría para pagar impuestos. Cuando lo haga el gobierno, ya municipal, ya estatal o federal, se acumularían en una sola cuenta que permitiría garantizar la seguridad social de los que nunca compran y también, de los que ya alcanzaron la edad y obvio, no tienen aportaciones en su favor.

Los fondos de cada punto de IVA ascienden en la actualidad a casi cien mil millones de pesos, por lo que si el gobierno acepta, admite y reconoce tener una falla en la recaudación de IVA de aproximadamente el 40%, con el uso de la tarjeta y sistema propuestos, se lograría tener un ejército de inspectores fiscales de ciento siete millones de mexicanos, interesados en que su operación de compra quede registrada, pues sabrían claramente que de los impuestos que pagan, una parte sería para su propia pensión. No se requiere que se pida factura de las operaciones, solamente que quede registrada, de manera similar a como sucede con una operación hecha con tarjeta de débito o de crédito.

La propuesta está sobre la mesa. He procurado que una copia de la presente la reciba cada uno de los legisladores, diputados y senadores, para que sepan que entre los mexicanos existimos los que estamos preocupados por lograr un cambio a favor de la población que sea real y que permita cambiar el estado actual de las cosas.

Tal vez usted, mi querido lector, no tenga el peso suficiente para cambiar las cosas en México, como no le he tenido yo. Sin embargo, si me ayuda difundiendo la presente, habrá aportado lo suficiente para que la seguridad social no sea más un beneficio solamente de los trabajadores formales y se abra a favor de toda la población, como un derecho, no como limosna o como dádiva graciosa.

Me gustaría conocer su opinión. Vale la pena.