domingo, 20 de enero de 2013

El Impuesto sobre nóminas en Nuevo León





José Manuel Gómez Porchini / México debe salir adelante              

El artículo 157 de la Ley de Hacienda para el Estado de Nuevo León, por el que se incrementa la tasa del Impuesto sobre Nóminas del 2% al 3% fue publicado en el Periódico Oficial del Estado en el Decreto Número 037 de fecha 31 de diciembre de 2012 y en vigor a partir del 1º de enero de 2013.
Es decir, conforme a los tiempos de la legislación de amparo, puede impugnarse dentro de los primeros 30 días de haber iniciado su vigencia o dentro de los quince días del primer acto de aplicación en perjuicio de alguna persona.
En nuestro caso, la nota va encaminada a destacar la indignación, la molestia y el sentimiento de repulsión que obtuvo la medida que se indica entre los organismos empresariales, capitanes de industria y aquellos que manejan el pago de salarios a favor de trabajadores.
Se le llama impuesto al acto por el cual el gobierno obliga al particular a cubrir determinadas cantidades para sufragar los gastos del propio gobierno.
Cuando un particular deja de contribuir en la medida de sus posibilidades o de las que le señale la ley, de inmediato se torna en un evasor de impuestos, lo que significa pena de prisión, sin mayor miramiento.
Sin embargo y aquí es donde aparece el interés por participar del debate surgido, ¿qué hacer cuando todos los súbditos o gobernados entienden que el impuesto que se pretende cobrar es injusto? Es decir, ¿cómo debe comportarse el particular ante la orden de autoridad ajena a un recto proceder, como ha denominado la Suprema Corte a quien se aparta de la conducta correcta?
En la especie, incrementar del 2 al 3 por ciento el monto del impuesto sobre nóminas, además de que de fondo no resuelve en modo alguno la situación de las finanzas del estado, sí logra generar un clima de molestia entre la población, llámese sindicatos, cooperativas, patrones y aún entre los propios funcionarios gubernamentales, que a sotto voce han manifestado su descontento con la medida.
Y así habrá de ser. Mientras el gobierno, el que sea, utilice la capacidad de recaudación vía impuestos para satisfacer necesidades que no son del todo legítimas, mientras no exista la tan anhelada transparencia en la cosa pública, no podrá haber una buena recepción a las disposiciones recaudatorias que los gobernantes inventen.
Por supuesto, la medida está dirigida, aún cuando no sea la intención de quienes la inventaron, a terminar con las micro, pequeñas y medianas empresas del estado, aquellas a las que por otra parte se les trata de apoyar con programas del mismo gobierno.
Las grandes empresas ya resolvieron el problema: sacaron la nómina del estado y ahora, ya no pagan ni el tres, ni el dos ni nada de impuestos por concepto de nómina.
La pregunta es: ¿Acabar con la planta productiva por medidas torpes, será lo que requiere el estado?
Vale la pena. Me gustaría conocer su opinión.

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